Entrevista com Fernanda Beatriz
El hogar debería ser un lugar de Frente a este escenario, la abogada Luisa seguridad y cuidado para niños y adolescentes. Sin embargo, en los casos de violencia sexual, es generalmente en la privacidad del ambiente doméstico donde ocurre el abuso.
Un balance realizado a partir de las llamadas efectuadas durante 2017 al “Disque 100” –servicio brasileño de recepción de denuncias– constató que el 62 % de los actos de violencia contra menores fueron practicados por familiares, y en el hogar de la víctima o en el de los victimarios.
En otros países de Sudamérica, la situación se repite. En la Argentina, por ejemplo, datos recolectados por el gobierno durante 2016 revelaron que el 75 % de los abusos sexuales contra niños y adolescentes fueron cometidos por un familiar.
Teixeira, jefa de la oficina de Unicef en la ciudad de Manaos, en el norte del Brasil, explica de qué modo puede ser denunciado este tipo de violencia.
¿Qué caracteriza el abuso sexual infantil?
Es la violencia sexual en la que los menores son utilizados para estimular o satisfacer sexualmente a un adulto; y puede incluir o no el uso de violencia o el contacto físico. A diferencia de que en la explotación sexual el abusador no recibe una compensación (monetaria o no). Sin embargo, este crimen configura una grave invasión a la sexualidad y a la integridad física y mental del niño o del adolescente, violando de esa manera el derecho que ellos tienen a un saludable desarrollo mental, moral, espiritual y social.
¿Existen políticas públicas con el objetivo de prevenir este tipo de crimen?
El Brasil fue un pionero al elaborar un importante instrumento legal dirigido a la garantía de los derechos de los niños y los adolescentes: el Estatuto del niño y del adolescente (ECA), en 1990. Es un marco legal histórico, y el punto de partida para la promoción, la elaboración y la ejecución de políticas públicas dirigidas a la prevención de crímenes como el abuso sexual contra niños y adolescentes.
Por su parte, el Consejo Nacional de los Derechos de los Niños y de los Adolescentes (Conanda), creado por la Ley 8.242/191, es el principal órgano del sistema de garan- tías de derechos previsto por el ECA. Le corresponde a él aprobar los documentos que guían las políticas públicas en esa área, tales como el “Plan nacional de enfrenta- miento a la violencia sexual contra niños y adolescentes”, de 2014.
La prevención es uno de los ejes del plan, que pregona el compromiso de los diferen- tes medios de comunicación en campañas sobre la temática, el fortalecimiento de la red familiar y comunitaria, y la inserción de las escuelas en las movilizaciones.
El problema parece demasiado complejo como para encontrar una solución.
Sí. El abuso sexual tiene diversas causas, atribuidas a una serie de factores sociales, culturales y económicos. Por eso, su com- bate requiere una respuesta abarcadora que tome en consideración la complejidad de este crimen.
Para lograr esto, es necesario que se lleve a cabo un abordaje que involucre a otros órganos públicos y actores sociales; y que promueva la idea de que los derechos de los niños y de los adolescentes deben tener absoluta prioridad para la familia, para la sociedad y para el gobierno. En ese sentido, la prevención requiere, primeramente, la correcta comprensión de este problema, por medio de diagnósticos, investigaciones y datos reales.
¿Qué se puede hacer con respecto a la prevención?
Es necesario divulgar informaciones calificadas sobre el abuso sexual contra niñas y niños, a fin de educar y sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de combatir este crimen. Además de esto, se debe trabajar por la movilización de diversos sectores del gobierno y la sociedad, con el fin de que los derechos de los niños y los adolescentes sean garantizados y protegidos de cualquier violación. Además, es necesario fortalecer el sistema de responsabilidades para combatir la impunidad y garantizar la atención adecuada a las víctimas. Sin embargo, a fin de que la prevención sea exitosa, es fundamental que los menores participen de todas las etapas del proceso, para que conozcan sus derechos y puedan reivindicarlos.
¿Qué autoridades deben ser informadas cuando el abuso ocurre?
Las entidades de protección de los niños o la policía deben ser inmediatamente informadas. Son ellas las que podrán dar asesoramiento para hacer efectiva la denuncia. Vale recordar que cualquier persona que sospeche o tome conocimiento de un caso de violencia sexual tiene la obligación de denunciarlo frente a un organismo público. Eso vale, incluso, para educadores, líderes religiosos, profesionales de la salud y familiares.
